RETA vs. Mutualidad: La Encrucijada Inicial del Profesional Colegiado

 

    (Análisis de la DA 18ª del TRLGSS)"

    El dilema de elección y el carácter definitivo de la decisión, mencionando explícitamente la disposición legal.

    La Disposición Adicional Decimoctava (DA 18ª) del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), establece la norma de encuadramiento en la Seguridad Social para los profesionales que ejercen una actividad por cuenta propia que requiere la colegiación obligatoria.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11724

    Esta disposición articula una regla general de inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) y una excepción basada en la existencia de una mutualidad alternativa, con una condición clave de temporalidad.

    1. Regla General: Inclusión Obligatoria en el RETA

    La norma principal establece que los profesionales que ejerzan por cuenta propia una actividad que exige la pertenencia a un Colegio Profesional deben, por regla general, encuadrarse obligatoriamente en el RETA.

    El fundamento de esta regla es asegurar que todos los trabajadores por cuenta propia, incluyendo a los profesionales colegiados, estén cubiertos por el Sistema Público de Seguridad Social y tengan acceso a sus prestaciones (jubilación, incapacidad temporal, cese de actividad, etc.).

    Ejemplo 1 (Abogado):

• Caso: Un recién graduado en Derecho decide abrir su propio bufete como abogado ejerciente por cuenta propia.
• Requisito: Debe colegiarse obligatoriamente en el Colegio de Abogados para ejercer.
• Regla General: Si no opta por la mutualidad alternativa (ver excepción), debe darse de alta obligatoriamente en el RETA para cotizar a la Seguridad Social.

 

    2. La Excepción: Opción por la Mutualidad Alternativa

    La DA 18ª contempla una excepción a esta inclusión obligatoria. Un profesional colegiado queda exento de la obligación de alta en el RETA si elige incorporarse a la mutualidad de previsión social que pueda tener establecida el correspondiente colegio profesional.

    2.1. Condición Crucial: El Momento Inicial (La Opción es Única e Irrevocable)

    El aspecto más importante y restrictivo de esta excepción es que la opción por la mutualidad es un acto único y debe realizarse en el momento inicial de inicio de la actividad profesional por cuenta propia.

    El texto de la ley es claro al especificar:

    “Si el interesado, teniendo derecho, no optara por incorporarse a la mutualidad correspondiente, no podrá ejercitar dicha opción con posterioridad.”

    Esto implica que:

1. El profesional debe tomar la decisión de forma inicial (normalmente al colegiarse e iniciar la actividad).
2. Si opta por el RETA, no podrá cambiarse a la mutualidad más adelante.
3. Si opta por la Mutualidad, no podrá cambiarse al RETA posteriormente (salvo que cese en la mutualidad y no cumpla los requisitos de reingreso, o por cambio normativo que regule la "pasarela").

    Esta irrevocabilidad busca dar estabilidad al sistema y evitar cambios posteriores que pudieran afectar la financiación o las cotizaciones. La mutualidad alternativa funciona como un sistema de previsión social sustitutivo del RETA.

 

    Ejemplo 2 (Arquitecto Técnico):

• Caso: Un Arquitecto Técnico inicia su actividad como autónomo. Su Colegio Profesional tiene una mutualidad de previsión social alternativa al RETA.
• Opciones en el Momento Inicial:
• Opción A (RETA): Decide darse de alta en el RETA. Una vez dado de alta y cotizando en el RETA, no podrá darse de baja para incorporarse a la mutualidad en el futuro, aunque esta exista.
• Opción B (Mutualidad): Decide incorporarse a la Mutualidad. En este caso, queda exento de la obligación de alta en el RETA.

    Ejemplo 3 (Médico sin Mutualidad Alternativa):

• Caso: Un médico ejerce su profesión en una clínica privada como autónomo, por lo que debe colegiarse. Su Colegio de Médicos no tiene establecida una mutualidad de previsión social que sea alternativa al RETA (es decir, una mutualidad que actúe como sustituto legal de la Seguridad Social obligatoria).
• Resultado: En este caso, la excepción no es aplicable. El profesional está obligado a incluirse en el RETA sin posibilidad de elección.

 

    3. Implicaciones Prácticas de la Opción

    La elección entre el RETA y la Mutualidad en el momento inicial tiene consecuencias significativas para el profesional, especialmente en relación con las prestaciones futuras y el régimen de cotización:

    En resumen, la Disposición Adicional Decimoctava es la llave que regula la entrada de los profesionales colegiados al sistema de previsión social obligatorio en España, imponiendo el RETA como regla y permitiendo la mutualidad como excepción, pero siempre bajo la estricta condición de ejercer la elección una única vez y al principio de su vida laboral por cuenta propia.

Teletrabajo y Retorno: El Respaldo Legal de la Voluntad y el Acuerdo

 

La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, es una pieza clave en el marco laboral español que regula la modalidad de trabajo remoto, y establece principios fundamentales que protegen los derechos de los trabajadores. El fragmento "el retorno a la oficina exige cumplimiento estricto de los principios de voluntariedad, acuerdo mutuo y forma escrita", resume de forma muy precisa una de las implicaciones más importantes de esta ley: la reversibilidad del teletrabajo.

A continuación, desarrollaremos en profundidad cada uno de estos principios y su impacto en el contexto del retorno a la presencialidad.

1. El Principio de Voluntariedad

La voluntariedad es el pilar central de la Ley 10/2021. El trabajo a distancia no puede ser impuesto ni por el empleador ni por el trabajador. Esta característica se aplica tanto a la decisión inicial de empezar a teletrabajar como a la decisión de revertir la situación y volver a la oficina.

·            No imposición unilateral: La ley es tajante al señalar que la negativa de un trabajador a trabajar a distancia no puede ser causa de despido, ni de una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Esto significa que la empresa no puede forzar a su plantilla a teletrabajar si no hay un acuerdo previo.

·            Irreversibilidad unilateral: De la misma manera, si existe un acuerdo de trabajo a distancia en vigor, la empresa no puede obligar al trabajador a volver al centro de trabajo de forma unilateral y sin justificación. La decisión de poner fin al teletrabajo y retomar la presencialidad no es una prerrogativa de la dirección de la empresa.

Este principio garantiza que el teletrabajo sea una opción genuinamente consensuada, y no una imposición empresarial o una medida forzada por las circunstancias, como ocurrió durante la pandemia.

2. El Principio de Acuerdo Mutuo

Este principio está intrínsecamente ligado al de voluntariedad. La ley exige que el trabajo a distancia se formalice mediante un "acuerdo de trabajo a distancia", que debe ser firmado por ambas partes: el trabajador y el empleador.

·            Pacto para el inicio y para el fin: El trabajo a distancia no se inicia por una simple instrucción o un correo electrónico, sino a través de un documento formal. De la misma forma, su finalización y el retorno a la presencialidad requieren un nuevo pacto entre las partes. La reversibilidad debe estar contemplada en el acuerdo inicial o ser objeto de un nuevo consenso.

·            Exclusión del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores: La ley de trabajo a distancia excluye expresamente la posibilidad de que la empresa utilice el mecanismo de "modificación sustancial de las condiciones de trabajo" (artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores) para imponer el fin del teletrabajo. Este es un punto crucial, ya que evita que las empresas puedan justificar el retorno por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción sin el consentimiento del trabajador. La ley busca proteger al empleado frente a cambios que podrían desequilibrar su vida personal y profesional.

·            Contenido del acuerdo de reversibilidad: Si el acuerdo inicial de teletrabajo no contemplaba la reversibilidad o las condiciones para el retorno, las partes deben negociar un nuevo acuerdo. Este nuevo pacto debe ser claro en cuanto a las condiciones de la vuelta, como el preaviso, la jornada y los motivos del cambio. Las cláusulas genéricas que otorgan a la empresa la potestad de decidir la reversión "a su arbitrio" o "por necesidades internas" están siendo anuladas por los tribunales.

3. El Principio de Forma Escrita

La ley exige que el acuerdo de trabajo a distancia, y cualquier modificación posterior, se formalice por escrito. Esto no es un simple requisito burocrático, sino una garantía fundamental para ambas partes.

·            Claridad y seguridad jurídica: La forma escrita asegura que las condiciones del teletrabajo (y su potencial reversibilidad) queden claras y documentadas. El acuerdo debe incluir, como mínimo, el inventario de los medios y herramientas que la empresa provee al trabajador, la compensación de los gastos, el horario de trabajo, y la duración del acuerdo o las condiciones para su reversión.

·            Medio de prueba: Un acuerdo por escrito sirve como prueba ante posibles desacuerdos o litigios. Si la empresa intenta forzar un retorno a la presencialidad sin que exista un pacto escrito que lo sustente, el trabajador tiene un documento legal para defender sus derechos.

·            Obligación de notificar a la representación legal de los trabajadores: El acuerdo de trabajo a distancia debe ser notificado a la representación legal de los trabajadores (RLT), o en su defecto, a la oficina de empleo, garantizando la transparencia y la posibilidad de que la RLT vigile el cumplimiento de la ley.

Reversibilidad y Retorno a la Oficina: ¿Cuándo es legal?

El retorno a la presencialidad, si existe un acuerdo de trabajo a distancia vigente, solo es legal en los siguientes escenarios, que respetan los principios mencionados:

1.         Por acuerdo mutuo: Las partes negocian y firman un nuevo acuerdo que pone fin al trabajo a distancia o lo modifica.

2.         Por cláusula de reversibilidad: El acuerdo inicial de trabajo a distancia ya contenía una cláusula que permitía el retorno a la presencialidad, siempre y cuando esta cláusula sea clara, precisa y no deje la decisión al arbitrio de la empresa. La jurisprudencia reciente está siendo muy estricta con este tipo de cláusulas.

3.         Por lo establecido en el convenio colectivo: Si el convenio colectivo aplicable a la empresa regula las condiciones de reversibilidad, la empresa podrá aplicarlas, siempre y cuando se respeten las garantías legales y el acuerdo individual no las mejore.

En resumen, la frase "el retorno a la oficina exige cumplimiento estricto de los principios de voluntariedad, acuerdo mutuo y forma escrita" subraya que, para la ley española, el teletrabajo no es una mera concesión temporal o una política empresarial sujeta a la voluntad unilateral de la dirección. Es una modalidad laboral regulada que protege la decisión del trabajador, exige un consenso claro y escrito, y no permite que la empresa imponga el fin de la prestación de servicios a distancia sin respetar este marco legal.

   Mª Consuelo Sánchez-castro

¿cuándo un trabajador puede decidir dejar un trabajo y cobrar una indemnización de la empresa?

 

¿cuándo un trabajador puede decidir dejar un trabajo y cobrar una indemnización de la empresa?

¿cuándo un trabajador en España puede decidir dejar su trabajo y, de forma excepcional, cobrar una indemnización? Es importante destacar que, por regla general, la baja voluntaria no da derecho a indemnización ni a prestación por desempleo.

La indemnización es una compensación que se abona cuando la extinción de la relación laboral se produce por decisión del empresario, no del trabajador. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015) establece una serie de supuestos en los que el trabajador puede solicitar la extinción de su contrato y recibir la misma indemnización que le correspondería en un despido improcedente (33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades, para contratos posteriores a febrero de 2012).

Estos casos se encuentran regulados principalmente en el Artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empleado rescindir su contrato por un incumplimiento grave de las obligaciones del empresario.

Causas principales para la extinción del contrato a instancia del trabajador con derecho a indemnización:

1.     Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que perjudiquen la dignidad del trabajador.

o    Legislación: Artículo 50.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 41.

o    Ejemplo: A un empleado que trabaja en el departamento de marketing y tiene asignadas funciones específicas acordes a su cualificación, la empresa le retira todas sus tareas y le asigna la función de archivar documentos en una sala de forma continuada, sin justificación productiva o económica. Esto se considera un menoscabo de su dignidad profesional y le permitiría solicitar la extinción del contrato con indemnización.

2.     Falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

o    Legislación: Artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores.

o    Ejemplo: Si la empresa se retrasa de forma reiterada y persistente en el pago de las nóminas, por ejemplo, acumulando varios meses de impago o abonando el salario con más de tres meses de retraso, el trabajador puede solicitar la resolución de su contrato y cobrar la indemnización. Los tribunales han establecido que los impagos o retrasos deben tener cierta gravedad y trascendencia para justificar esta medida.

3.     Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del empresario, salvo casos de fuerza mayor.

o    Legislación: Artículo 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores.

o    Ejemplo: Esta categoría es más amplia y abarca situaciones como:

§   El acoso laboral (mobbing) o sexual.

§   El incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo que pongan en riesgo la integridad física del empleado.

§   La negativa del empresario a reintegrar al trabajador en su puesto tras una excedencia, un traslado injustificado, etc.

 

Procedimiento para solicitar la extinción del contrato

Es crucial entender que la extinción del contrato no es automática. Para obtener la indemnización, el trabajador debe seguir un proceso legal:

1.     Solicitar la extinción por vía judicial: El empleado no puede simplemente dejar de ir a trabajar y esperar la indemnización. Debe presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.

2.     Mantener la relación laboral: Generalmente, el trabajador debe seguir prestando sus servicios hasta que se dicte una sentencia, aunque en algunos casos de gravedad (como acoso), el juez puede permitirle extinguir el contrato de forma cautelar mientras se resuelve el proceso.

3.     Sentencia favorable: Si el juez dictamina que la empresa ha incumplido de forma grave sus obligaciones, declarará extinguido el contrato de trabajo y condenará a la empresa al pago de la indemnización por despido improcedente.

 

Diferencia clave: Indemnización vs. Finiquito

Es fundamental diferenciar estos dos conceptos:

·           Finiquito: Siempre se debe abonar, independientemente de la causa de la finalización de la relación laboral (baja voluntaria, despido, fin de contrato). Incluye el salario de los días trabajados en el mes en curso, las pagas extraordinarias devengadas y no cobradas, y las vacaciones generadas y no disfrutadas.

·           Indemnización: Es una compensación económica que solo se cobra en casos de despido (objetivo, improcedente, colectivo) o, como se ha explicado, cuando el trabajador solicita la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario y un juez lo valida.

En resumen, la baja voluntaria "clásica" no da derecho a indemnización. Sin embargo, la ley protege al trabajador frente a incumplimientos graves del empresario, permitiéndole solicitar la extinción del contrato con derecho a indemnización a través de un procedimiento judicial.

 

Ejemplo de mobbing

El "mobbing" o acoso laboral se define como un comportamiento hostil y sistemático, repetido a lo largo del tiempo, que una persona o grupo ejerce contra un empleado, con el fin de degradar sus condiciones de trabajo y dañar su integridad. Se trata de un incumplimiento grave de las obligaciones del empresario que permite al trabajador solicitar la extinción de su contrato y recibir una indemnización por despido improcedente.

Imagina a un empleado llamado Javier, que trabaja como jefe de proyecto en una empresa de tecnología. Su nuevo superior, Carlos, comienza a ejercer un acoso sistemático contra él:

1.     Aislamiento: Carlos deja de invitar a Javier a las reuniones del equipo y a las sesiones de planificación de proyectos importantes. La comunicación se reduce a correos electrónicos fríos y formales, y se le prohíbe hablar directamente con otros miembros del equipo.

2.     Desacreditación: Carlos empieza a hacer comentarios despectivos sobre el trabajo de Javier frente a otros compañeros, insinuando que es incompetente o lento. En una reunión, presenta un informe elaborado por Javier como si fuera suyo y, cuando este lo corrige, Carlos lo ridiculiza públicamente.

3.     Asignación de tareas humillantes: A pesar de ser jefe de proyecto, Carlos le retira gradualmente sus responsabilidades y le asigna tareas sin importancia y que no tienen relación con su puesto, como hacer fotocopias, ordenar el almacén o gestionar el catering de las reuniones.

4.     Presión psicológica: Carlos lo critica constantemente, le cambia los plazos de entrega de manera irrazonable y le exige informes detallados a última hora del día, lo que obliga a Javier a trabajar horas extras sin justificación. Cuando Javier intenta hablar con él, Carlos lo ignora o le responde de forma agresiva.

 

Proceso judicial

Javier, ante esta situación, decide que no puede seguir en la empresa. Para poder solicitar la indemnización, no puede simplemente dejar el trabajo, ya que perdería sus derechos. Su abogado le aconseja seguir estos pasos:

1.     Recopilación de pruebas: Javier empieza a guardar todos los correos electrónicos, registra las fechas y los detalles de cada incidente de acoso, e incluso consigue testimonios de algunos compañeros que han presenciado el trato de Carlos.

2.     Burofax a la empresa: El abogado envía un burofax a la empresa informando de la situación y solicitando una mediación, aportando pruebas del acoso sufrido. La empresa lo ignora.

3.     Demanda ante el Juzgado de lo Social: Con las pruebas en mano, el abogado presenta una demanda contra la empresa, solicitando la extinción del contrato de Javier por incumplimiento grave del empresario (el acoso) y la correspondiente indemnización por despido improcedente.

4.     Sentencia: El juez, tras analizar todas las pruebas y los testimonios, considera que el comportamiento de Carlos constituye un caso de mobbing. Dictamina la extinción del contrato de Javier y condena a la empresa a pagarle la indemnización que le correspondería por despido improcedente. Además, la empresa podría ser sancionada por la Inspección de Trabajo.