Seguridad jurídica vs. Praxis administrativa: El Supremo independiza la prescripción del responsable solidario

 

 

Autor: Grupo Soto de Dilla GSD

    La delimitación de la responsabilidad solidaria en el ámbito tributario ha sido, históricamente, un terreno de fricción entre el principio de seguridad jurídica y la eficacia ejecutiva de la Administración. Hasta la fecha, la praxis de la Agencia Tributaria se ha apoyado en una interpretación expansiva de la interrupción de la prescripción, asumiendo que cualquier actuación frente al deudor principal afectaba, por efecto de propagación, al responsable. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictado una doctrina rupturista que marca un antes y un después: la autonomía de los plazos. En las siguientes líneas, analizamos cómo esta "independencia" de la prescripción actúa como un correctivo necesario a las facultades de cobro de la Hacienda Pública.

1. El Quiebre de la "Unicidad de la Deuda"

Históricamente, la Administración sostenía que, al existir una única deuda, cualquier "sacudida" o actuación dirigida al deudor principal propagaba sus efectos interruptivos a todos los obligados, incluidos los solidarios. El Tribunal Supremo desarticula esta visión en las SSTS 92/2026 y 154/2026.

·            Fundamento: La responsabilidad solidaria en el ámbito tributario no es una solidaridad civil pura (art. 1141 CC), sino que está sujeta a los principios de procedimentalización de la Ley General Tributaria (LGT).

·            Ejemplo: Si Hacienda inspecciona al deudor principal durante tres años por un IVA de 2020, esas visitas y requerimientos al deudor ya no "congelan" el reloj para el responsable solidario. El plazo de este último corre de forma independiente desde que se produjo el presupuesto de hecho de la responsabilidad.

 2. La Autonomía de la Acción de Derivación

El Tribunal establece que la potestad para declarar la responsabilidad (acción para determinar la deuda) tiene su propio régimen de prescripción. Las actuaciones recaudatorias contra el deudor principal interrumpen la prescripción de la acción de cobro frente a él, pero no afectan a la acción de declaración de responsabilidad frente al tercero.

·            Legislación Clave: Artículos 66.a) y 67.2 de la Ley 58/2003 (LGT).

·            Ejemplo: Una sociedad oculta bienes en 2021 para evitar un embargo. La AEAT persigue a la sociedad hasta 2026 sin éxito. Si la AEAT intenta derivar la responsabilidad al administrador (art. 42.2.a LGT) en 2026, podría encontrarse con la acción prescrita, pues sus gestiones con la sociedad no interrumpieron el plazo para actuar contra el administrador.

 3. Interpretación del Art. 42.2.a) LGT: El Caso del "Ocultador"

Este artículo se refiere a quienes sean causantes o colaboren activamente en la ocultación o transmisión de bienes para impedir la traba de la Administración. Es una figura de perfil casi sancionador. El TS es tajante: la gravedad de la conducta no justifica una imprescriptibilidad de facto.

·            Impacto Académico: Se refuerza el principio de preclusión. La Administración debe ser diligente y no puede "reservarse" la acción contra el responsable solidario indefinidamente mientras intenta cobrar al principal.

·            Ejemplo: En un vaciamiento patrimonial ocurrido en mayo de 2022, la Administración tiene 4 años para iniciar el acuerdo de derivación. Si se limita a litigar con la empresa insolvente y notifica al responsable en junio de 2026, la acción ha caducado por prescripción.

 

Resumen de Doctrina: Deudor Principal vs. Responsable Solidario

Concepto	Actuación sobre Deudor Principal	Efecto sobre Responsable Solidario (Nuevo Criterio)	Ejemplo Práctico
Interrupción de prescripción	Requerimiento de pago o embargo al principal.	No interrumpe el plazo para derivar la responsabilidad.	Notificar una providencia de apremio a la SL "A" no detiene el reloj para derivar al socio "B".
Cómputo de plazos	Se reinicia con cada actuación administrativa.	Corre de forma autónoma desde el presupuesto de hecho.	El plazo de 4 años para el solidario empieza cuando colaboró en la ocultación del bien.
Carga de la prueba	Recae en la Administración.	La Administración debe probar que actuó a tiempo contra el responsable.	Si el expediente de derivación no muestra actos dirigidos específicamente al responsable, este gana por prescripción.
Naturaleza jurídica	Obligado principal (Art. 35.2.a LGT).	Responsable solidario (Art. 42.2.a LGT).	La solidaridad tributaria requiere un acto administrativo formal de derivación.

 4.- Dos fases diferenciadas: derivación y exigencia de pago

Esta distinción técnica, subrayada por el Tribunal Supremo en su reciente jurisprudencia de 2026, es el eje sobre el cual pivota la defensa del contribuyente. Para el mundo académico y forense, entender que no estamos ante un acto único, sino ante dos potestades administrativas diferenciadas, es vital para detectar vicios de nulidad o prescripciones ganadas. A continuación, desglosamos la estructura de estas dos fases y su impacto en el procedimiento tributario.

 4.1. La Potestad de Declarar la Responsabilidad (Fase Constitutiva)

Esta primera fase tiene una naturaleza declarativa. La Administración ejerce su facultad para "señalar" a un tercero y vincularlo al pago de una deuda ajena por haber concurrido en el presupuesto de hecho (en este caso, la ocultación del Art. 42.2.a LGT).

·            Naturaleza: Es un procedimiento administrativo que culmina con el Acto de Derivación. Sin este acto, el tercero es un extraño para la Hacienda Pública.

·            Plazo de Prescripción: Se rige por el Art. 66.a) LGT (derecho de la Administración para determinar la deuda mediante la oportuna liquidación/declaración). El plazo es de 4 años y comienza a contarse desde que finaliza el presupuesto de hecho que genera la responsabilidad.

·            Ejemplo: Un administrador realiza una transmisión de bienes fraudulenta en enero de 2022. La AEAT tiene hasta enero de 2026 para dictar el acuerdo de derivación. Si en ese tiempo solo ha perseguido al deudor principal, la facultad de "declarar" al administrador como responsable habrá muerto por prescripción.

 4.2. La Potestad de Exigir el Pago (Fase Ejecutiva)

Una vez que el responsable ya ha sido formalmente declarado mediante un acto firme, nace una nueva potestad: la de cobro. Aquí el responsable ya no es un "presunto", sino un deudor de pleno derecho.

·            Naturaleza: Es la acción recaudatoria pura. Se inicia tras la notificación del acuerdo de derivación y el vencimiento del periodo voluntario de pago.

·            Plazo de Prescripción: Se rige por el Art. 66.c) LGT (derecho para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas).

·            Interrupción: Aquí sí operan con normalidad las interrupciones por actuaciones dirigidas contra el responsable (embargos de sus cuentas, requerimientos de bienes, etc.).

·            Ejemplo: Notificada la derivación en 2025 de forma legal, la AEAT tiene 4 años para cobrarle. Si el responsable se declara insolvente y la AEAT no realiza ninguna gestión de cobro efectiva durante 4 años, la deuda "muere" para ese responsable, aunque el deudor principal siga siendo perseguido.

 Comparativa Técnica: Autonomía de las Acciones

La clave de las sentencias 92/2026 y 154/2026 es que ambas fases no se "contaminan" positivamente entre sí. Lo que se haga para cobrar al deudor principal no sirve para mantener viva la facultad de declarar al responsable.

Característica	Facultad de Declarar (Derivación)	Facultad de Exigir el Pago (Cobro)
Hito de inicio	El presupuesto legal (ej. ocultación de bienes).	La notificación del Acuerdo de Derivación.

 5. Conclusiones prácticas

La consolidación de esta doctrina no es una cuestión meramente teórica; en la práctica, redefine la estrategia de defensa frente a las derivaciones de responsabilidad. Para el abogado y el asesor tributario, este giro jurisprudencial convierte la autonomía de la prescripción en el principal ariete de impugnación.

A partir de ahora, la defensa técnica debe abandonar la dependencia del expediente del deudor principal para centrarse en un análisis de doble vía:

·            Vía de Control Indirecto: Verificar si el derecho de la Administración para liquidar o exigir el pago al deudor principal sigue vigente.

·            Vía de Control Autónomo (Eje Crítico): Auditar el plazo de cuatro años de forma independiente. Debe analizarse si, desde el momento en que concurrieron los presupuestos de hecho de la responsabilidad, la Administración ha dejado transcurrir el plazo legal sin dirigirse formalmente contra el responsable, independientemente de que el expediente del deudor principal haya sido objeto de constantes interrupciones.

Nota de Vigencia y Praxis Administrativa

Bajo el amparo de la reciente sentencia (ECLI:ES:TS:2026:351), la Agencia Tributaria se ve forzada a abandonar su tradicional "estrategia de espera". La AEAT queda obligada a ejecutar una gestión paralela y diligente: si detecta indicios de responsabilidad solidaria, debe incoar el procedimiento de derivación de forma inmediata. Ya no cabe el letargo administrativo a la espera de agotar la solvencia del deudor principal; cualquier dilación injustificada bajo el nuevo criterio conlleva la caducidad material de su derecho por prescripción.

 ¿Qué cambia en la práctica procesal?

1.      Auditoría de expedientes vivos: Los letrados deben revisar todos los procedimientos de derivación en curso. Aquellos que se mantenían "vivos" solo por actuaciones sobre el principal son ahora radicalmente nulos por prescripción.

2.      Carga de la prueba: Se desplaza el foco hacia la fecha de "realización del presupuesto de hecho" de la responsabilidad, punto de inicio del cómputo que la Administración suele omitir en sus notificaciones.

3.      Impugnación masiva: Este criterio habilita la revisión de actos que, aunque parecían ajustados a derecho bajo la praxis antigua, vulneran hoy el principio de seguridad jurídica reconocido por el Tribunal Supremo.

La naturaleza jurídica de la autoliquidación como límite al artículo 217 LGT: el fin de la imprescriptibilidad ganada por nulidad

 

Autor: Grupo Soto de Dilla - GSD

    La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia nº 350/2026, de 20 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1425), ha fijado un criterio de gran relevancia práctica para el ámbito tributario: las autoliquidaciones no pueden ser objeto de revisión de oficio por la vía de la nulidad de pleno derecho del artículo 217 de la Ley General Tributaria (LGT).

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 350/2026, de 20 de marzo, constituye un hito en la arquitectura del procedimiento tributario español. Al resolver el recurso de casación, el Alto Tribunal no solo clarifica la naturaleza jurídica de la autoliquidación, sino que blinda el principio de seguridad jurídica frente a la pretensión de convertir la nulidad de pleno derecho en una "tercera vía" imprescriptible.

La resolución aborda una cuestión controvertida en la práctica: si, una vez transcurrido el plazo de prescripción, una autoliquidación puede considerarse un acto administrativo firme —aunque sea de forma presunta— y, en consecuencia, susceptible de revisión extraordinaria.

Esa "frontera" entre el acto del obligado tributario (la autoliquidación) y el acto administrativo puro es una de las claves maestras del derecho tributario actual para garantizar la seguridad jurídica.

 

1. Las autoliquidaciones no son actos administrativos

El núcleo del debate reside en la ontología del acto. El Supremo es taxativo: la autoliquidación es una manifestación de voluntad del obligado tributario, una operación de autoevaluación y pago que no emana de la Administración.

·            Fundamento Jurídico: Art. 120.1 de la Ley 58/2003 General Tributaria (LGT).

·            Análisis: Al no ser un acto administrativo, no puede ser objeto de "revisión de oficio" (art. 217 LGT), ya que este procedimiento está reservado exclusivamente para actos dictados por la Administración que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo.

·            Ejemplo: Un contribuyente presenta su Impuesto sobre Sociedades. Dos años después, detecta un error de interpretación constitucional. No puede instar la nulidad del art. 217 alegando que su propia declaración es un "acto nulo", porque el "acto" no lo dictó Hacienda, lo hizo él mismo.

 

2. La vía correcta: La rectificación del artículo 120.3 LGT

El ordenamiento ya prevé un cauce específico para que el obligado tributario impugne sus propios errores: el procedimiento de rectificación de autoliquidación.

·            Fundamento Jurídico: Art. 120.3 LGT y arts. 126 a 129 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT).

·            Implicación: Este cauce está sujeto inexorablemente al plazo de prescripción de 4 años (art. 66.a LGT). Una vez prescrito el derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos, la vía se cierra definitivamente.

·            Ejemplo: Si una empresa pagó de más en el IVA de 2018, tenía hasta 2023 (considerando interrupciones) para rectificar. Superada esa fecha, no puede "resucitar" el derecho mediante una solicitud de nulidad de pleno derecho.

 

3. Seguridad jurídica frente a revisión ilimitada

La doctrina del Supremo busca evitar el fraude de ley procesal. Admitir la revisión de oficio de autoliquidaciones supondría otorgar a los errores del contribuyente un carácter imprescriptible, rompiendo el equilibrio del sistema tributario.

·            Razón de Estado: La seguridad jurídica exige que las situaciones tributarias se consoliden. Si la nulidad fuera aplicable a autoliquidaciones, cualquier declaración de hace 15 años podría ser reabierta bajo el paraguas del art. 217 LGT, generando una inestabilidad sistémica en el erario público.

 

4. Doctrina jurisprudencial y consecuencias prácticas

La STS 350/2026 unifica criterio y cierra la brecha abierta por algunos Tribunales Superiores de Justicia que habían empezado a admitir estas revisiones por analogía.

·            Consecuencia Directa: Se confirma que la nulidad de pleno derecho solo opera contra liquidaciones administrativas (actos de gestión o inspección), sanciones o resoluciones de recursos, pero nunca contra la mera declaración del contribuyente.

·            Ejemplo: Si Hacienda me hace una liquidación paralela (acto administrativo) basada en una norma declarada inconstitucional, puedo ir por el art. 217 incluso tras la prescripción. Si fui yo quien presentó la declaración errónea, no.

 

5. Impacto para las asesorías fiscales y departamentos legales

Este fallo obliga a una vigilancia extrema de los calendarios de prescripción. Ya no existe la "red de seguridad" de la nulidad extraordinaria para salvar errores de planificación o cambios jurisprudenciales sobrevenidos tras la prescripción.

·            Recomendación: Se impone la "rectificación preventiva" ante cualquier duda razonable sobre la legalidad de una norma tributaria, antes de que expire el plazo de cuatro años.

 

 

Ejemplo de Escenario Forense

Una Empresa intenta recuperar el IRPF de una prestación por maternidad de hace 10 años basándose en una sentencia reciente.

1.      Planteamiento: Solicitan la nulidad de la autoliquidación de 2016 alegando que la norma aplicada lesionaba derechos fundamentales (Art. 217.1.a LGT).

2.      Resultado tras la Sentencia 350/2026: La Administración debe inadmitir la solicitud de plano. Al ser una autoliquidación y haber pasado 4 años, el derecho ha prescrito y no es susceptible de revisión de oficio por no ser un "acto administrativo" en sentido estricto.

Conclusión Académica: El Tribunal Supremo refuerza el carácter de la autoliquidación como acto de colaboración del contribuyente, diferenciándolo nítidamente de la potestad administrativa de dictar actos, y salvaguardando la paz jurídica que proporciona la prescripción.

La Consolidación de la Unidad Económica Autónoma en Operaciones Fragmentadas (V2321-25)

 

 

Autores: Grupo Soto de Dilla - GSD

    Nos encontramos ante un pronunciamiento que, si bien sigue la estela interpretativa del TJUE, arroja una luz necesaria sobre la fragmentación operativa en las reestructuraciones corporativas. La Consulta Vinculante V2321-25 no es una resolución más; es un recordatorio de que en el Derecho Tributario la sustancia económica prevalece sobre la forma jurídica.

En este terreno de juego, donde la frontera entre una operación eficiente y una contingencia fiscal es tan delgada, contar con un análisis técnico sólido es la mejor defensa. Me quedo con la idea de que la V2321-25 es, en realidad, un manual de instrucciones para que no nos "pillen los dedos" con el IVA en operaciones complejas: menos foco en el inventario y mucho más en la organización.

1. El Concepto de Unidad Económica Autónoma (UEA)

La no sujeción al IVA en la transmisión de activos no es un "menú a la carta". Para que opere el Art. 7.1º de la LIVA, no basta con transmitir elementos aislados; se requiere que el conjunto sea capaz de desarrollar una actividad económica por sus propios medios.

·            El criterio de la DGT: La clave reside en la continuidad. Si el adquirente necesita acudir al mercado para contratar elementos básicos que no han sido transmitidos, la "autonomía" se rompe.

·            Ejemplo: No es lo mismo vender los hornos y las mesas de un restaurante (entrega de bienes sujeta a IVA), que transmitir el local, la maquinaria, las licencias y la subrogación de los contratos laborales (UEA no sujeta).

 

2. La Adquisición mediante Operaciones Separadas

Este es el núcleo de la V2321-25. La DGT analiza si la compra de activos a distintos vendedores o en distintos momentos temporales puede integrarse en un todo unitario.

·            La Doctrina del Vínculo: Si existe una unidad de intención y los activos, una vez agrupados en sede del adquirente, constituyen esa unidad capaz de funcionar, se mantiene la no sujeción.

·            Ejemplo: Una sociedad compra el software a una empresa y el hardware a otra del mismo grupo. Si por separado no son nada, pero juntos forman la infraestructura crítica de un centro de datos que empieza a operar de inmediato, la DGT tiende a validar la unidad económica.

 

3. El Requisito de la Continuidad en la Actividad

La norma no exige que el adquirente realice exactamente la misma actividad, pero sí que tenga la intención de explotar los activos transmitidos.

·            Matiz Jurídico: Si el comprador adquiere el negocio solo para liquidar los activos y venderlos por piezas, se desnaturaliza la finalidad del precepto, que es facilitar la transmisión de empresas sin costes financieros de circulante (IVA).

·            Ejemplo: Una constructora adquiere una rama de actividad de ingeniería. Si mantiene la estructura para dar soporte a sus obras, hay continuidad. Si despide a todos y vende las patentes al día siguiente, Hacienda reclamará el IVA devengado.

 

4. Legislación y Jurisprudencia Aplicable

Para fundamentar cualquier recurso o planificación, debemos manejar este trípode normativo:

·            Ley 37/1992 (LIVA): Art. 7.1º. Establece la no sujeción de la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o de una unidad económica autónoma.

·            Directiva 2006/112/CE: Artículos 19 y 29. Es la base comunitaria que busca evitar que la carga impositiva sea un obstáculo para la transmisión de empresas.

·            Jurisprudencia del TJUE: Sentencia del caso Zita Mode (C-497/01) y caso Schiever (C-444/10). Definen que la transmisión debe permitir la continuación de una actividad económica independiente.

 

Tabla Resumen: Análisis de Casuística Profesional

Concepto Clave	Criterio Técnico	Ejemplo Práctico (No Sujeto)	Ejemplo Práctico (Sujeto a IVA)
Integridad del Activo	Debe permitir la explotación inmediata.	Transmisión de hotel con personal y sistema de reservas.	Venta del edificio del hotel vacío, sin licencias ni personal.
Fragmentación	Operaciones separadas pero coordinadas.	Comprar la marca a la matriz y las máquinas a la filial para producir.	Comprar una furgoneta hoy y un ordenador el mes que viene sin nexo.
Intención del Adquirente	Ánimo de explotación económica.	Un inversor compra una fábrica de harinas para seguir produciendo.	Un promotor compra la fábrica para demolerla y hacer pisos.
Acompañamiento de Pasivos	No es obligatorio, pero ayuda a la calificación.	Asunción de deudas con proveedores y contratos de renting.	Compra limpia de activos netos sin ninguna obligación contractual.

 

Directrices para la Estrategia Transaccional: Más allá de la Sustancialidad del Activo

La doctrina administrativa emanada de esta consulta vinculante consolida un axioma crítico para la praxis del Derecho Tributario: la naturaleza de una transmisión no queda definida por el valor cuantitativo o la relevancia intrínseca de los activos desplazados, sino por su aptitud funcional.

1. La Desmitificación del Activo Físico frente a la Estructura Operativa

La configuración de una Unidad Económica Autónoma (UEA) no es una presunción iuris tantum, sino una realidad que debe acreditarse mediante el análisis de la arquitectura real de la transacción.

·            El Factor Humano como Elemento Diferenciador: En sectores donde el know-how o la gestión directa son determinantes, la omisión de los medios humanos en la transmisión no es un detalle accesorio; es un vicio que puede desvirtuar la calificación de la operación. Sin una estructura de personal mínima o subrogada, el negocio se reduce a una mera "venta de inventario".

·            Ejemplo: En la transmisión de un despacho de arquitectura, el traspaso de los equipos informáticos y el archivo de planos carece de autonomía económica si no se acompaña de la transferencia de los contratos laborales de los ingenieros o la cesión de la cartera activa de clientes. Sin el "músculo" operativo, no hay empresa, solo mobiliario.

 

2. Transversalidad y Riesgo en Operaciones Fragmentadas

El pronunciamiento de la Dirección General de Tributos trasciende el sector sanitario, proyectando su eficacia sobre cualquier modelo de negocio. El riesgo se acrecienta en las operaciones de reestructuración fragmentada o aquellas con pluralidad de transmitentes.

·            La Doctrina del Vínculo Funcional: La DGT pone bajo el microscopio aquellas operaciones donde los activos llegan al adquirente de forma escalonada. Si la "foto final" no muestra una organización capaz de latir de forma independiente desde el primer minuto, el beneficio de la no sujeción del Art. 7.1º LIVA desaparece.

·            Ejemplo: Un grupo empresarial que vende su rama de logística vendiendo los camiones a través de una filial y la nave industrial a través de otra. Si el contrato de transporte y los conductores no forman parte del paquete, Hacienda calificará ambas ventas como entregas de bienes independientes sujetas a IVA, impactando negativamente en la caja del comprador.

 

3. La Planificación Contractual como Clave de Seguridad Jurídica

La conclusión para el operador jurídico es imperativa: la unidad económica no es un concepto automático. Existe una correlación directa entre la estructuración del negocio jurídico y su carga tributaria.

·            Prevalencia del Diseño Preventivo: Una operación idéntica en sus fines puede derivar en escenarios fiscales antagónicos dependiendo de su diseño contractual. La organización debe ser el pilar sobre el que pivote la transmisión.

·            Legislación de Referencia: El cumplimiento de los requisitos de la Directiva 2006/112/CE y su trasposición nacional exige que el negocio mantenga su identidad funcional.

 

¿Consideras que este criterio de la DGT sobre operaciones separadas abre una puerta excesiva a la subjetividad inspectora, o aporta la flexibilidad que el mercado de M&A demandaba?

La respuesta, como todo buen jurista sabe, depende de desde qué lado del estrado se mire, pero podemos analizarlo bajo una óptica de seguridad jurídica frente a realidad económica.

1. El Riesgo de la Subjetividad Inspectora (La "Trampa" de la Interpretación)

Para muchos académicos, la Consulta V2321-25 es un arma de doble filo. Al permitir que operaciones separadas se consideren una unidad, la DGT está otorgando a la Inspección una "lupa" muy potente para escrutar la intención de las partes.

·            El peligro: La Inspección podría utilizar el argumento de la "fragmentación" para negar la no sujeción si considera que, aunque se transmitieron todos los elementos, no había una "coordinación temporal" suficiente.

·            La "prueba del algodón": El concepto de "medios humanos suficientes" es profundamente subjetivo. ¿Qué es suficiente para una startup tecnológica frente a una planta industrial? Esa zona gris es donde suelen nacer las liquidaciones paralelas.

·            Ejemplo de riesgo: Un inspector podría argumentar que, al haber comprado el software tres meses después que el hardware, se rompió la unidad, exigiendo el ingreso del IVA de la primera operación con sus correspondientes intereses de demora.

 

2. La Flexibilidad Necesaria para el Mercado de M&A

Desde el punto de vista de los operadores económicos, esta doctrina es un balón de oxígeno. En el mundo real, las adquisiciones de empresas (M&A) son procesos complejos:

·            Realidad operativa: A veces es imposible comprar todo a la vez por cuestiones de compliance, autorizaciones administrativas o pluralidad de socios vendedores.

·            Neutralidad fiscal: El IVA no debería ser un coste o un obstáculo financiero para la reestructuración empresarial. Si el resultado final es una empresa que funciona, castigar la operación por haber sido "en dos pasos" iría en contra del espíritu de la Directiva 2006/112/CE.

·            Ejemplo de beneficio: Permite estructurar un carve-out (segregación) donde ciertos activos críticos están en manos de filiales distintas, garantizando que el comprador reciba el beneficio de la no sujeción siempre que el "puzzle" final esté completo.

 

Reflexión para el Foro

Como expertos, la Consulta V2321-25 nos obliga a documentar con extremo celo el business plan del adquirente. La frontera entre una compra de activos "incómoda" fiscalmente y una operación de reestructuración eficiente radica en la capacidad de demostrar que, tras el cierre, el negocio pudo "latir" por sí mismo.

La relevancia de esta consulta radica en que eleva el estándar de prueba para el contribuyente. Ya no basta con transmitir "el negocio", hay que transmitir "la capacidad de ser negocio".

Más que una puerta a la subjetividad, esta consulta es una llamada a la excelencia en la prueba.

Ya no basta con redactar un contrato de compraventa genérico. El abogado moderno debe construir un "Expediente de Continuidad Económica" que documente por qué esa fragmentación era necesaria y cómo, a pesar de ella, la unidad económica nunca dejó de existir. La DGT nos da flexibilidad, pero a cambio nos exige una carga probatoria mucho más técnica y coherente.

¿Crees que esta "libertad" compensa el riesgo de tener que litigar en el futuro ante el TEAC para defender la estructura de la operación?