Estrategias de optimización fiscal y límites normativos en la unidad familiar (Matrimonio vs. Pareja de Hecho)

 

Autor: Grupo Soto de Dilla - GSD

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la distinción entre matrimonio y pareja de hecho no es baladí. Mientras que el matrimonio goza de un reconocimiento pleno y uniforme a nivel estatal, la pareja de hecho opera bajo un complejo entramado de normas autonómicas, generando asimetrías fiscales que requieren un análisis técnico preciso.

1. La Tributación Conjunta: El Eje de la Discrepancia

La piedra angular de esta comparativa es el Artículo 82 de la Ley 35/2006 (LIRPF). Este precepto permite la tributación conjunta exclusivamente a los "miembros de la unidad familiar".

·            Matrimonio: La ley define como unidad familiar a los cónyuges no separados legalmente. Por tanto, el acceso a la tributación conjunta es un derecho automático derivado del vínculo matrimonial.

·            Pareja de Hecho: La norma es taxativa al excluir a las parejas de hecho de la definición de "unidad familiar". En consecuencia, las parejas de hecho no pueden tributar conjuntamente en el IRPF, independientemente de que su unión esté inscrita en registros autonómicos o municipales.

Ejemplo - Caso Éxito: Juan y María están casados y presentan declaración conjunta, aplicando un mínimo por descendientes y compensando bases negativas. Pedro y Elena, pareja de hecho inscrita, deben presentar declaraciones individuales obligatoriamente, perdiendo la posibilidad de optimizar el tipo marginal mediante la acumulación de rentas.

 

2. Mínimos Familiares y Ascendientes/Descendientes

El Artículo 58 de la LIRPF regula el mínimo por descendientes. Si bien la convivencia con hijos comunes permite aplicar el mínimo, la estructura de la unidad familiar condiciona la forma de declarar:

·            Matrimonio: El mínimo por descendientes se prorratea o se aplica en la declaración conjunta.

·            Pareja de Hecho: Al ser individuos independientes a efectos del IRPF, cada progenitor debe aplicar el 50% del mínimo por descendientes en su declaración individual, salvo que exista una situación de guardia y custodia exclusiva reconocida judicialmente.

Ejemplo - Caso Éxito: En una pareja con dos hijos, el matrimonio puede optar por concentrar las deducciones. En la pareja de hecho, ambos están obligados a repartir el mínimo por hijos al 50% en sus declaraciones individuales, lo que puede resultar menos eficiente si uno de los miembros tiene una base imponible muy baja.

 

3. Deducciones Autonómicas: La Zona de Divergencia

Aquí reside el mayor desafío para el jurista: la competencia normativa de las CCAA. Muchas leyes autonómicas han equiparado en sus deducciones propias a las parejas de hecho con los cónyuges, pero esto solo tiene efectos en el tramo autonómico, nunca en el estatal.

·            Aplicación: El contribuyente debe verificar la ley de la comunidad donde tenga su residencia habitual (ej. Ley 10/2017 de Andalucía o leyes equivalentes en Madrid, Cataluña, etc.).

·            Limitación: Esta equiparación es puramente convencional y limitada al ámbito autonómico.

Ejemplo - Caso Éxito: Si una normativa autonómica permite una deducción por alquiler de vivienda para "matrimonios o parejas de hecho inscritas", Pedro y Elena (pareja de hecho) podrán deducir en su cuota autonómica, pero no podrán modificar las reglas de imputación de rentas o rendimientos del capital inmobiliario bajo las normas estatales.

 

4. Cuadro Comparativo: Matrimonio vs. Pareja de Hecho

Aspecto	Matrimonio	Pareja de Hecho
Tributación Conjunta	Permitida (Art. 82 LIRPF)	Prohibida (Art. 82 LIRPF)
Base Imponible	Agregada (si es conjunta)	Siempre individual
Deducciones Estatales	Aplicación plena	Limitada a la parte individual
Deducciones Autonómicas	Aplicación plena	Depende de la normativa autonómica
Mínimo por descendientes	Conjunto o prorrateado	Prorrateado al 50%

 

5. Consideraciones y Legislación Aplicable

La asimetría es evidente. Mientras que el matrimonio está regido por un estatuto jurídico unificado (Código Civil), la pareja de hecho es un ente "de geometría variable" que depende de la legislación civil autonómica, la cual no tiene potestad para modificar la Ley del IRPF, una norma de ámbito nacional.

Legislación de referencia:

1.         Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF).

2.         Real Decreto 439/2007 (Reglamento del IRPF).

3.         Leyes de medidas fiscales de las Comunidades Autónomas correspondientes (tramo autonómico).

Desde la perspectiva de la planificación fiscal, el matrimonio ofrece una mayor flexibilidad en la gestión de los tipos marginales mediante la opción de tributación conjunta, mientras que la pareja de hecho exige un análisis minucioso de cada deducción autonómica para no incurrir en errores de declaración.

 

Análisis Avanzado: Doctrina Constitucional y Casuística Autonómica

La distinción entre matrimonio y pareja de hecho en el IRPF no es una cuestión meramente técnica, sino un debate jurídico profundo sobre la configuración constitucional de la unidad familiar y la capacidad de las Comunidades Autónomas (CCAA) para alterar el concepto de "unidad familiar" a efectos fiscales.

1. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC): El Límite a la Equiparación

El TC ha abordado de manera reiterada la validez constitucional de la exclusión de las parejas de hecho de la tributación conjunta. La doctrina es firme: no existe una obligación constitucional de equiparar fiscalmente a ambos modelos de convivencia.

·            Fundamento: El TC (sentencias como la STC 184/2012 y anteriores) sostiene que el matrimonio es una institución social con un estatuto jurídico específico (Código Civil) que justifica un trato diferenciado. El legislador estatal, al definir la "unidad familiar" en el Art. 82 LIRPF, goza de libertad de configuración para establecer quiénes pueden tributar conjuntamente.

·            Doctrina Clave: La distinción no vulnera el principio de igualdad (Art. 14 CE) ni el principio de protección a la familia (Art. 39 CE), puesto que la opción de contraer matrimonio es libre y, por tanto, el contribuyente asume las consecuencias fiscales inherentes a dicha elección. La pareja de hecho es una elección de libertad personal que no arrastra, por sí misma, el estatuto fiscal del matrimonio.

Ejemplo - Caso Éxito: Una pareja de hecho recurre ante el TEAC (Tribunal Económico-Administrativo Central) solicitando el derecho a tributar conjuntamente invocando la analogía con el matrimonio. El tribunal, siguiendo la doctrina del TC, desestima la reclamación confirmando que la LIRPF reserva la tributación conjunta exclusivamente a los cónyuges.

 

2. El Impacto de la Normativa Autonómica: "Eficacia Limitada"

Las CCAA han intentado compensar esta brecha a través de sus competencias en la gestión y regulación de los tributos cedidos. Sin embargo, la técnica jurídica empleada es crucial para evitar la nulidad.

·            Estrategia Autonómica: Las CCAA crean deducciones o bonificaciones específicas. En lugar de modificar el concepto de unidad familiar (lo cual sería inconstitucional por invadir competencias estatales), crean una "fórmula de equiparación" para el cálculo del impuesto en su tramo autonómico.

·            Límites: Cualquier norma autonómica que intente equiparar a las parejas de hecho con los cónyuges fuera de sus competencias (por ejemplo, intentando modificar la base imponible o los mínimos exentos estatales) incurre en ultra vires y es susceptible de recurso de inconstitucionalidad.

Ejemplo - Caso Éxito - Comparativo (Madrid vs. Catalunya):

·            Comunidad de Madrid: En algunas de sus deducciones (ej. inversión en vivienda habitual), la normativa autonómica incluye a las parejas de hecho inscritas en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, permitiendo que ambos miembros sumen sus rentas para verificar los límites de ingresos necesarios para acceder a la deducción.

·            Catalunya: Posee una regulación propia sobre parejas estables (Ley 25/2010), que ha sido utilizada como base para que la normativa tributaria autonómica equipare a los miembros de la pareja a efectos de deducciones por alquiler o vivienda.

 

3. Matriz de Conflictividad: Estado vs. CCAA

Esta tabla resume cómo los juristas deben interpretar el conflicto competencial al asesorar a clientes:

Nivel de Regulación	Concepto	Posición de la Pareja de Hecho	Ejemplo Práctico
Estatal (LIRPF)	Tributación Conjunta	Exclusión absoluta	Negativa de Hacienda a admitir declaración conjunta.
Estatal (LIRPF)	Mínimo por hijos	Independencia	Cada progenitor deduce solo el 50% en su IRPF.
Autonómico	Deducciones propias	Equiparación variable	Deducción por alquiler o nacimiento que sí admite "parejas de hecho".

 

4. Reflexión para el Profesional del Derecho

Para el jurista, el consejo estratégico es claro: la planificación fiscal no puede realizarse bajo la asunción de una equiparación normativa.

1.         Doble lectura: Al revisar un borrador de declaración, el profesional debe segregar los efectos: lo que es estatal (donde el matrimonio es la única vía para la tributación conjunta) de lo que es autonómico (donde debe verificarse, caso por caso, si la ley de la CCAA ha extendido el beneficio fiscal a las uniones inscritas).

2.         Riesgo de litigiosidad: Intentar reclamar la tributación conjunta para una pareja de hecho es una estrategia abocada al fracaso ante los tribunales, dado que el TC ha cerrado la puerta a una equiparación por analogía.

3.         Seguridad jurídica: La única forma de "homogeneizar" la situación fiscal a efectos de tributación conjunta sigue siendo la formalización del matrimonio, una decisión que debe trascender lo meramente fiscal, pero que es el único vehículo jurídico con efectos plenos en el IRPF.

 

STS 411/2026, de 7 de abril - No es Sucesiones, es IRPF

 

   Autor: Grupo Soto de Dilla- GSD

   Esta resolución del Tribunal Supremo desactiva una de las zonas grises más complejas en la confluencia del Derecho Administrativo Expropiatorio y el Derecho Tributario. La Sala Tercera aborda el fenómeno de la retasación y delimita las fronteras entre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Para el entorno forense y académico, la STS 411/2026, de 7 de abril, establece una línea divisoria clara basada en el momento en que se devenga el derecho de crédito y la naturaleza de la ganancia patrimonial.

1. El origen del conflicto: Delimitación temporal del hecho imponible

El problema jurídico se plantea cuando un bien inmueble es expropiado a un propietario (causante) y, tras su fallecimiento, sus herederos (causahabientes) logran en vía judicial una retasación que incrementa sustancialmente el justiprecio original.

La Administración Tributaria tendía a exigir una liquidación complementaria por el Impuesto sobre Sucesiones (ISD), argumentando que el derecho a la retasación ya formaba parte del caudal relicto (herencia) en el momento del fallecimiento. Por el contrario, los contribuyentes defendían que este incremento económico era un derecho de crédito nuevo, nacido de la sentencia judicial posterior, y que su encaje debía valorarse en su propio IRPF como ganancia patrimonial.

Ejemplo - Caso Éxito: Don Manuel sufre la expropiación de una finca en 2018. Fallece en 2021 dejando a su hija Sofía como heredera, quien declara en el ISD el valor del justiprecio inicialmente fijado. En 2026, tras años de litigio contra la Administración expropiante, los tribunales reconocen el derecho a la retasación de la finca, otorgando 300.000 € adicionales. Hacienda pretendía que Sofía pagara ISD complementario por esos 300.000 €, aplicando los tipos de la herencia de 2021.

 2. La respuesta del Supremo: No es Sucesiones, es IRPF

La Sala de lo Contencioso-Administrativo tumba la pretensión de la Administración. El Alto Tribunal determina que el incremento del justiprecio derivado de una retasación reconocida judicialmente con posterioridad al fallecimiento del causante no puede alterar la masa hereditaria del ISD a efectos de imputarle un valor presente al momento del óbito.

El argumento clave es que, en el momento del fallecimiento, el causante no poseía un derecho de crédito líquido y exigible por ese importe extra, sino una mera expectativa de derecho (el inicio de la reclamación o la posibilidad legal de pedir la retasación). Al materializarse y reconocerse el derecho de forma sobrevenida en favor del heredero, el dinero entra directamente en su esfera jurídica actual, provocando una alteración en la composición de su propio patrimonio. Por tanto, es una ganancia patrimonial sujeta al IRPF del causahabiente.

Ejemplo - Caso Éxito: En el caso de Sofía, la STS 411/2026 determina que no debe modificar la declaración de sucesiones de su padre. Esos 300.000 € adicionales deben tributar en el IRPF de la propia Sofía como una ganancia patrimonial en el ejercicio en que la sentencia que reconoce la retasación adquiera firmeza.

 

3. El factor determinante: Cuándo se devenga el derecho y el coste de adquisición

Para los académicos y procesalistas, el punto más relevante de la sentencia es cómo altera la ecuación del cálculo de la ganancia patrimonial. El incremento no se calcula sobre el valor del suelo en el año de la expropiación original, sino que se analiza el desajuste patrimonial actual.

Al considerarse IRPF del causahabiente, el coste de adquisición para el heredero será el valor que se le dio al derecho de crédito en la declaración del Impuesto sobre Sucesiones (el justiprecio original). Todo lo que supere ese valor debido a la retasación judicial será la ganancia neta a integrar en la base imponible del ahorro del heredero.

Ejemplo - Caso Éxito: Si el derecho de cobro original se valoró en la herencia en 100.000 € y la retasación judicial posterior eleva el total a 250.000 €, la ganancia patrimonial sujeta al IRPF del heredero será la diferencia: 150.000 €.

 

Marco Legislativo Aplicable

Para sustentar recursos, demandas o planificaciones fiscales bajo este criterio, el bloque normativo esencial se compone de:

·            Artículos 65 a 74 de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF): Regulación del derecho de retasación y sus presupuestos temporales y materiales.

·            Artículo 33.1 de la Ley del IRPF (LIRPF): Definición de ganancias y pérdidas patrimoniales como variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con cualquier alteración en su composición.

·            Artículo 14.2.a) de la Ley del IRPF (LIRPF): Criterio de imputación temporal para pérdidas y ganancias patrimoniales derivadas de resoluciones judiciales (ejercicio de la firmeza).

·            Artículo 9 y Artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD): Delimitación de la base imponible y el devengo del impuesto sobre el caudal relicto del causante.

 Ejemplo - Casos de Éxito

Matriz de Impacto Fiscal: ISD vs. IRPF en Retasaciones

Escenario Temporal	Calificación Fiscal Correcta	Base Imponible / Sujeto	Ejemplo de Aplicación
Retasación reconocida ANTES del fallecimiento (El causante recibe el dinero o la sentencia firme en vida)	Impuesto sobre Sucesiones (ISD)	Se integra el dinero líquido (o el crédito firme) en el caudal relicto. El heredero tributa por ISD.	El causante gana el juicio por retasación en marzo y fallece en octubre. Los herederos tributan por el ISD ordinario integrando ese dinero en la masa hereditaria.
Retasación reconocida DESPUÉS del fallecimiento (La sentencia o el acuerdo administrativo llega cuando el heredero ya ha heredado el bien/derecho)	Impuesto sobre la Renta (IRPF)	Ganancia patrimonial en la base del ahorro del heredero. No se toca la herencia.	El causante fallece en 2022 con el pleito en marcha. En 2026 sale la sentencia firme favorable. El heredero tributa en su IRPF de 2026 por la diferencia entre lo recibido y lo declarado en el ISD.

 

Consejos para Despachos Laboralistas, Civilistas y Asesores Fiscales

La fijación de esta doctrina por parte del Tribunal Supremo obliga a redefinir las estrategias de defensa y consultoría sucesoria:

·            Evitar complementarias del ISD a ciegas: Si la AEAT o las Haciendas autonómicas giran liquidaciones complementarias del Impuesto de Sucesiones al conocerse un éxito judicial por retasación, deben ser recurridas inmediatamente invocando la STS 411/2026.

·            Estrategia de Imputación Temporal en IRPF: Es vital vigilar la firmeza de la resolución judicial que reconoce la retasación. La ganancia patrimonial no se declara cuando se cobra el dinero de la Administración (que puede demorarse por tensiones de tesorería pública), sino en el período impositivo en que la resolución judicial adquiere firmeza (Art. 14.2.a LIRPF).

·            Cálculo del Impacto Financiero Real: Los tipos marginales de la base del ahorro en el IRPF (que escalan habitualmente hasta el 26% o 28% según la Comunidad Autónoma) pueden ser más o menos gravosos que el ISD del causahabiente (donde existen amplias bonificaciones estatales o autonómicas por consanguinidad). El asesor debe calcular la factura fiscal global para prever el neto real que percibirá el cliente tras el éxito del pleito expropiatorio.

·      El Supremo recuerda su doctrina previa y señala que la retasación no genera una alteración patrimonial autónoma y distinta de la expropiación inicial. Se trata, más bien, de una nueva valoración del mismo bien expropiado. Por tanto, el nuevo justiprecio forma parte de la misma operación expropiatoria y debe integrarse en el esquema de ganancias patrimoniales del IRPF.

·    La sentencia resulta especialmente relevante en expedientes de expropiación con herederos, retasaciones y cobros diferidos. El criterio obliga a distinguir entre: la inclusión inicial de derechos de crédito en una herencia, la tributación posterior de incrementos derivados de su concreción judicial, • y la posible aplicación de coeficientes de abatimiento según la fecha real de adquisición del derecho.

ANÁLISIS DE LA STS 372/2026 - LAS HORAS EXTRA

 

    Autor: Grupo Soto de Dilla - GSD

    La modulación de la carga de la prueba en las reclamaciones de horas extraordinarias: El fin del automatismo probatorio ante la falta de registro horario (Análisis de la STS 372/2026)

Esta sentencia del Tribunal Supremo marca un hito en la litigiosidad laboral. Frente a la corriente que pretendía convertir la ausencia de registro de jornada en una suerte de "presunción iuris et de iure" (que no admite prueba en contrario) sobre la realización de horas extraordinarias, el Alto Tribunal devuelve la cordura procesal al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Desde que el Real Decreto-ley 8/2019 impuso la obligatoriedad del registro diario de jornada, la conflictividad en los juzgados de lo social se disparó. Muchas demandas pivotaban sobre una premisa: "Si la empresa no tiene registro o este es defectuoso, se deben dar por ciertas todas las horas extra que yo reclame".

Esta interpretación maximalista se apoyaba en una lectura agresiva del principio de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC), argumentando que el incumplimiento empresarial no podía perjudicar al trabajador. Sin embargo, esto generaba situaciones de flagrante indefensión para las compañías ante reclamaciones infladas o inverosímiles.

Ejemplo - Caso Éxito: Un comercial con un horario de oficina teórico de 9:00 a 18:00 reclama 4 horas extra diarias durante todo un año basándose únicamente en que la empresa no activó el sistema de fichaje digital. Alegaba que, al no haber registro, la empresa debía demostrar que no las había hecho.

 

La sentencia STS 372/2026, de 15 de abril

La sentencia STS 372/2026, de 15 de abril, corta de raíz esta automatización. El Alto Tribunal determina que la falta de registro horario constituye una infracción administrativa grave (según la LISOS), pero no muta por sí sola las reglas del proceso civil y laboral ni exime al trabajador de aportar un principio de prueba.

La falta de registro no provoca una inversión automática de la carga de la prueba en cualquier escenario. El trabajador sigue obligado a indiciar, de alguna manera, que prestó servicios más allá de su jornada ordinaria.

Ejemplo - Caso Éxito: El tribunal desestima una demanda donde el trabajador exigía el pago de 15 horas extra semanales basándose solo en la falta de registro, al constar en los autos que el centro de trabajo cerraba puntualmente por alarma a las 19:00, haciendo físicamente imposible la permanencia en el puesto.

 

El factor determinante: Modelos de jornada

El Supremo introduce un matiz crucial y pragmático: el efecto probatorio de la falta de registro dependerá directamente de cómo esté organizada la actividad en la empresa.

A. Empresas con horarios estables y fijos

Si el horario es rígido y el centro de trabajo cierra a una hora concreta, la falta de registro tiene un impacto menor si se demuestra que la actividad cesaba. La sospecha de que se realizaron horas extra decae por la propia naturaleza de la organización.

 B. Empresas con jornadas variables, flexibles o imprevisibles

Aquí el escenario cambia radicalmente. En puestos de trabajo en remoto, flexibilidad horaria o turnos rotatorios donde la jornada es intrínsecamente mutante, la ausencia de registro sí debilita la posición de la empresa. Al no haber un "patrón de normalidad", el juzgado mirará con mucho mayor recelo la falta de control y tenderá a flexibilizar la exigencia probatoria al trabajador.

Ejemplo - Caso Éxito (Variable): Un técnico de mantenimiento con horario flexible y guardias que atiende incidencias telefónicas desde casa. Si la empresa no registra sus horas, un simple listado de llamadas entrantes a deshoras aportado por el trabajador bastará para que el juez presuma que hubo exceso de jornada, ya que la naturaleza del puesto invita a la variabilidad.

 

El Supremo refuerza la obligación del control

Cuidado con las lecturas complacientes: esta sentencia no es una carta blanca para no fichar. El Tribunal Supremo insiste en que el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores sigue plenamente vigente y su cumplimiento es imperativo.

La resolución simplemente aclara que el castigo al incumplimiento empresarial es administrativo (multas de la Inspección de Trabajo) y, en el plano procesal, debilita la posición probatoria de la empresa, pero no valida el abuso o la invención de horas por parte del demandante.

 

Marco Legislativo Aplicable

Para fundamentar los recursos y demandas bajo este nuevo prisma, los preceptos clave son:

·            Art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores (ET): Obligación del registro diario de jornada.

·            Art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET): Cómputo e individualización de las horas extraordinarias.

·            Art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC): Carga de la prueba y el principio de facilidad probatoria (especialmente apartados 4 y 7).

·            Art. 7.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS): Tipificación de la transgresión de las normas sobre registro de jornada.

 Ejemplo - Casos de Éxito

 Matriz de Impacto Procesal según el Modelo de Jornada

Tipo de Jornada	Impacto de la Falta de Registro	Carga de la Prueba Real	Ejemplo de Resolución Judicial
Fija / Estrecha (Ej: Fábrica con turnos cerrados, oficinas con cierre físico)	Bajo. No altera sustancialmente el proceso si el horario estándar es demostrable por otros medios.	El trabajador debe aportar indicios sólidos (mails enviados, testigos, accesos).	Se desestima la reclamación porque los sistemas informáticos se desconectaban automáticamente a las 18:00.
Flexible / Variable (Ej: Consultoría, distribución, servicios de urgencias)	Alto. Perjudica gravemente a la empresa. El indicio del trabajador se agiganta.	Facilidad probatoria para el trabajador. Bastan indicios leves para trasladar la carga a la empresa.	Se estima la reclamación del trabajador que aporta capturas de WhatsApp contestando a clientes a las 22:00.
Teletrabajo / En Remoto (Ej: Desarrollo de software, atención al cliente digital)	Crítico. La falta de registro deja a la empresa indefensa ante la invisibilidad del puesto.	Presunción favorable al trabajador si demuestra actividad digital fuera de horas.	Se dan por buenas las horas extra al demostrarse conexiones al servidor de la empresa de madrugada, sin registro que lo contradiga.

 

Consejos para Asesorías y Despachos Laboralistas

Como directores letrados o asesores de empresas, esta sentencia redefine la estrategia de defensa y consultoría preventiva:

·            Auditoría de Sistemas Defectuosos: No basta con tener un software de fichaje; hay que vigilar los "registros en blanco". Si un trabajador no ficha durante tres meses, procesalmente equivale a no tener registro.

·            Pactar la desconexión digital por contrato: Implementar cláusulas que prohíban expresamente la realización de horas extraordinarias sin autorización previa y por escrito del superior. Esto destruye la presunción de "consentimiento tácito" de la empresa.

·            Diferenciar políticas por departamentos: Si la fuerza de ventas tiene jornada flexible y el personal de administración jornada fija, el sistema de registro y las alertas de incumplimiento deben tratarse con diferente nivel de riesgo procesal. En los perfiles variables, el rigor del registro debe ser absoluto.